Mediante una resolución inédita, sin antecedentes, la Justicia de Morón, la Jueza Graciela Angriman a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 5, determinó que un joven que efectuó amenazas de bomba falsas en escuelas del distrito tendrá que pagar $ 60.000, además de realizar tareas comunitarias y entregar al Estado una computadora y un celular de alta gama. La medida tiene un claro objetivo : prevenir nuevas intimidaciones y amortiguar los costos que se ocasionaron por los operativos anti-explosivos que tuvo que desplegar el Municipio, y que superaron el medio millón de pesos.La causa fue caratulada “Intimidación pública reiterada en tres oportunidades”. La Jueza suspendió el proceso que se le aplicó al imputado, bajo la condición de que abone los $ 60.000 en concepto de perjuicios, realice labores comunitarias en un club barrial, y le aporte al Estado un celular y una computadora de carácter importado. Otra exigencia que recae sobre el acusado, es que deberá ponerse a disposición de las autoridades de los colegios afectados, a fines de realizar cualquier tipo de tarea que le sea solicitada "en función de los hechos perpetrados". Además, para no ser llevado a juicio, y que pueda ser beneficiado con la extinción de la acción penal, el joven, no tendrá que cometer ningún nuevo delito y deberá cumplir con todas las reglas de conducta establecidas. El Municipio se presentó como particular damnificado por los gastos que implicó la activación y el despliegue de los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes a este tipo de intimidaciones, por lo que será quien reciba la suma de la multa. El Intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, se refirió al hecho, y al inédito fallo de eta manera : "El año pasado habíamos decidido demandar por los gastos que se debieron afrontar a los responsables de dichas intimidaciones y es una medida ejemplar para desalentar estas amenazas que perjudican el normal desempeño de las instituciones. En cada operativo hacemos un esfuerzo logístico muy importante, destinando gran cantidad de personal que podría estar trabajando para los vecinos en otro lugar”, concluyó Tagliaferro.
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